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España atraviesa una profunda crisis económica y política. Nuestro sistema político adolece de una serie de vicios arrastrados desde el comienzo de la Transición que han terminado de agravarse con la coyuntura actual.
La parte más importante de los problemas que afronta España no dejarán de existir mientras no se revise el actual régimen político en favor de otro más democrático en el que el ciudadano esté verdaderamente representado, existan mecanismos legales que garanticen el control al poder político y económico, y se articulen auténticos cauces de participación ciudadana, tal y como debe exigirse en una democracia del siglo XXI.
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Transcurridos más de 30 años de vigencia, parece obvio que la Constitución española necesita una revisión que recoja una recomposición de las estructuras de gobierno y una profundización hacia una democracia más participativa.
Existen muchas voces ciudadanas que demandan dicha revisión. La Constitución española articula sus propios mecanismos de revisión y reforma, para lo cual siempre es necesario contar con una amplia mayoría del Congreso y del Senado. Pero los dirigentes españoles no están dispuestos a modificar las normas políticas actuales que les generan tantos beneficios.
Luego es absolutamente necesario que nos unamos toda la ciudadanía en este proyecto transversal para exigir al Congreso y el Senado que se abra un proceso de revisión constitucional que termine con tanto abuso y privilegio y en el que se cuente desde el principio con los intereses y la participación ciudadanas. Esta plataforma de acción y pensamiento está abierta a todas aquellas personas, movimientos y organizaciones políticas y sociales que compartan este reclamo.
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La Plataforma Terceraurna está trabajando para aglutinar al mayor número de ciudadadnos en torno a esta iniciativa. Contamos con tu colaboración y opinión. No dudes en sumarte, ¡te necesitamos!
Estamos preparando diversas acciones que permitan darnos a conocer durante los primeros meses de 2012
Convocaremos una consulta ciudadana cada 6 de diciembre (día de la Constitución) para que los ciudadanos nos pronunciemos sobre la necesidad de iniciar un proceso de revisión constitucional
Presentaremos una candidatura en las elecciones al Parlamento europeo a los solos efectos de obtener un recuento oficial de los apoyos recibidos hasta entonces en las consultas anteriores
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PLURIARQUÍA vs DEMOCRACIA
4 enero 2012
Artículo escrito para la Fundación Civil
¿Pueden ustedes imaginar, grosso modo, unas asambleas vecinales reunidas casi de manera espontánea a lo largo y ancho del país en sesiones alejadas temporalmente unas de otras para debatir durante varias horas quién es la persona, entre las muchas que se postulan libremente y sin avales, que mejor representa los ideales y los intereses de la nación y que mejor podría ganarse la confianza de los votantes en unas elecciones presidenciales? ¿Se imaginan cómo se incrementan las posibilidades de un candidato modesto que con ilusión y ganas de trabajar va recorriendo los primeros territorios en donde se organizan las asambleas, exponiendo cara a cara, pueblo a pueblo, twitt a twitt, sus proyectos? ¿Calculan el impulso que unos posibles buenos resultados podrían significar para él en términos de sumar apoyos, recaudar fondos y obtener espacios gratuitos en los medios de comunicación social de manera que pueda seguir en campaña en el siguiente territorio? ¿Pueden hacerse una idea de la manifiesta igualdad de oportunidades en cuanto al derecho de sufragio pasivo que eso implica?
Y, por último, lo más importante. ¿Pueden figurarse la libertad que un candidato bajo esas circunstancias puede tener respecto a las restricciones que las cúpulas de los partidos tienden a imponer a sus candidatos?
Ahora ya pueden dejar de imaginar. Acérquense estos próximos meses a los caucus y las primarias norteamericanas y comprobarán, con las imperfecciones inherentes a toda obra humana, que estas premisas democráticas no sólo adornan la teoría política sino que se desarrollan en la práctica. Aunque el proceder de los caucus difiere sensiblemente de las primarias estadounidenses -los caucus son asambleas vecinales y no eligen delegados para la convención nacional del partido- lo fundamental es que en ambos casos la carrera presenta unas reglas de juego tan bien fundamentadas sobre el principio de igualdad política que la competición queda abierta a todo el que desee participar. Así, los delegados de los distintos candidatos (a veces empleados) tienen la oportunidad de explicar los programas con los que éstos pretenden presentarse a las futuras elecciones presidenciales ante los electores de cada caucus o circunscripción primaria, resultando casi imposible cualquier intento de restricción de dicha facultad.
Lo de menos es que haya un partido o diez, si los existentes se rigen por un procedimiento tan abierto, tan poco oligárquico. Por supuesto, esta afirmación opera también en sentido contrario, es decir, de nada serviría que hubiese muchos partidos en la carrera presidencial si cada uno estuviese controlado por su cúpula y un candidato en principio humilde o no sometido a la disciplina de sus jefes, no tuviera posibilidades, a veces ni siquiera legales, de presentarse. En este caso, la libertad política del ciudadano habría desaparecido.
Cuando en España escucho denodadas críticas al sistema político norteamericano provenientes de voces autorizadas, automáticamente resuena en mi memoria la máxima del cui prodest, pues sólo aquellas personas realmente beneficiadas por el circuito cerrado del establishment pueden defender unas reglas de juego blindadas contra la libertad. Al sistema político norteamericano sólo le resta incorporar el mandato imperativo del representante con su correspondiente revocatoria (la tienen establecida sólo para el poder ejecutivo y para altos funcionarios públicos) y terminar de implementar la democracia digital, cuestión en la que es pionero, para poder decir con orgullo que la libertad política está garantizada.
Nosotros nos encontramos a años luz de ese paradigma. De repente parece que hemos descubierto un arcano y nos ha conquistado la frase tan solemne como simple de “un hombre un voto”, sin importarnos la calidad del mismo (me refiero al voto, no al votante, eso se lo dejo al elitismo pluralista de John Stuart Mill, pensador admirado por algunos de los nuevos dirigentes del PP). Estancados desde hace treinta años en las aguas pantanosas de la oligarquía, pedimos proporcionalidad confundiéndola con la representación y confiamos fielmente en que si a ella le unimos las listas abiertas la democracia estará servida, olvidando que las cúpulas oligárquicas en la nueva pluriarquía seguirán disfrutando del monopolio de la confección de las listas y que lo harán basándose, como único criterio, en la fidelidad de los candidatos. Si llega el caso, estaremos todavía peor, porque entonces el sistema quedará disfrazado, para una mayoría, de democracia. Ahora por lo menos el cinismo es muy flagrante.
Lorenzo Abadía
www.mandoadistancia.me
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Artículo escrito para el Diario El Aguijón.
La semana pasada el nuevo gobierno Rajoy se madrugó unas medidas de carácter económico que básicamente consistían en abrasar a las clases medias y trabajadoras mientras dejaba casi intactos los privilegios de los partidos, sindicatos y patronal. Los últimos ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero han precipitado la muerte anunciada por muchos de un sistema periclitado. Gobierno tras gobierno se han ido sumando a la deriva del gasto público, especialmente las CCAA, cuyos poderes ejecutivos han tomado de los ejemplos nacionalistas el mejor horizonte para sus ambiciones bastardas.
¿Qué Comunidad Autónoma o nacionalidad, de acuerdo a no sé qué atavismos, no reúne en su dignidad el derecho a tener un aeropuerto, aunque sea sin pasajeros, un auditorio, aunque sea sin músicos, una televisión, aunque sea sin audiencia, y centenares de miles de acólitos de partido comprados a golpe de talonario público? Ninguna. Ni a diestra ni a siniestra.
Un momento económico como el que nos toca vivir precisa de ajustes radicales de forma que nuestro Estado pueda cumplir con sus compromisos de deuda y al mismo tiempo el dinero vuelva a fluir en la sociedad y especialmente en las empresas, únicas generadoras, junto al autónomo, de empleo sostenible. Quizá no quede otro remedio que subir los impuestos. Pero eso tendría que haber sido el último cartucho de una economía maltrecha. Mucho antes, debería haberse recortado el gasto público superfluo que todavía existe, en proporciones gigantes en nuestro país. Y antes incluso, si se quiere predicar con el ejemplo, deben desaparecer absolutamente todas las prebendas de que dispone la clase dirigente.
No es de recibo en un país civilizado que la clase política le diga al pueblo que se tiene que abrochar el cinturón hasta límites insospechados mientras mantiene el 80% de algunos de sus privilegios y el 100% de la mayoría.
Es por eso que desde tercera Urna y la Sociedad Civil Española, y gracias a diarios como El Aguijón, se haya emprendido una acción política encaminada a exigir la eliminación de las subvenciones públicas de los partidos políticos, los sindicatos y la patronal. Lo que no es justo en ningún caso, se vuelve lacerante en el momento actual.
Si ustedes consideran que esta situación de privilegio debe ser erradicada, apoyen esta causa firmando la petición que aquí debajo les adjuntamos.
http://actuable.es/peticiones/eliminacion-del-100-las-subvenciones-partidos-patronal-y
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La mejor noticia, dentro de lo que cabía esperar, es que no haya noticia. Como dicen los anglosajones, “no news are good news” y en esas estamos en relación con la conmemoración del XXXIII aniversario de la Constitución del 78. Casi ninguna portada de los diarios nacionales se ha hecho eco de lo que en su momento estaba señalado como un día especial, digno de toda celebración.
No news are good news. Claro que habría sido mejor “news” que “no news” pero todavía no ha llegado el momento de que los grandes medios de comunicación comiencen a lanzar la idea de que esta Constitución que unos pocos neofranquistas poderosos pactaron en secreto con una oposición poco representativa de la sociedad necesita una reforma en profundidad. Resumamos: el pueblo español, que aún hoy confunde las libertades civiles con la democracia, se enteró de que había una Constitución precocinada el día que le llamaron a ratificarla. No había votado a un solo redactor de la misma, pues las Cortes que se auto otorgaron el encargo de redactarla, no habían sido elegidas a tal fin. Era simples Cortes ordinarias que de repente se convirtieron en una Asamblea constituyente, cual jacobinos, y en secreto fueron negociando los intereses de los grupos políticos allí presentes.
No es de extrañar que las cosas salieran como han salido. Por encima de todo, la Constitución refleja un blindaje absoluto de las fuerzas redactoras a través del sistema de listas que garantiza la provincia como circunscripción electoral, y no la ley D´hont como creen muchos, y la financiación pública exclusiva para los partidos políticos que habían obtenido representación, es decir, para los que estaban redactando la Carta Magna. A partir de entonces, y con la excepción de la UCD que se disolvió en favor del PP (entonces AP) y PSOE, esos partidos iban a disfrutar, en régimen de monopolio, de la libertad política en España. Ellos pondrían y depondrían al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Ellos mismos nombrarían a las altas instancias del Poder Judicial. Si podemos definir la libertad política (democracia) como la capacidad del pueblo para poner y deponer a sus gobernantes, al mismo tiempo que se les hace cumplir la ley, podemos contemplar con nitidez quién dispone realmente de ella. Y quién no, pese a que acuda masiva e ingenuamente a la urnas cada vez que le convocan a “ejercer sus derechos”, aun sabiendo que aquellos candidatos a quienes va a seleccionar han sido elegidos por sus jefes muchos meses antes. Con toda la libertad posible y por lo tanto sin posibilidad real de ser controlada no es difícil, atendiendo a una concepción no rousseauniana de la condición humana, imaginar los desmanes que paulatinamente se iban a producir como consecuencia lógica del descontrol de lo que se ha venido constituyendo como una casta al margen del pueblo. No es que los políticos sean seres malvados, probablemente hay personas con muy buenas intenciones. Pero en un sistema en el que se saben al margen de todo tipo de control, es una consecuencia consustancial al ser humano que éste tienda a abusar del poder, tal como tan magistralmente nos enseñó Montesquieu, a quien quiso rematar Alfonso Guerra en 1985.
Además del blindaje de la oligarquía redactora, se iba a producir, para colmo de desgracias, un acontecimiento colateral. El reparto territorial de las prebendas a través del título VIII. Al integrar ese consenso las partes nacionalistas, se decidió reproducir en cada Autonomía, en un proceso gradual de asunción de competencias, los mismos vicios que rezumaba el Poder central. En vez de uno, iba a haber 18 poderes incontrolados, con sus respectivas castas y sus consiguientes déficits públicos. De esta situación no se ha excluido ninguno de los partidos redactores. Allá donde han gobernado, especialmente en las CCAA y ayuntamientos de importancia, han dejado un socavón presupuestario que nos ha costado la ruina.
Insisto porque me parece fundamental esta idea. Si en vez de las personas que han formado parte de lo que se llama la casta, hubiesen sido otras, nos encontraríamos en la misma situación porque la culpa, bien lo sabía Montesquieu, es del sistema que lo permite y lo motiva.
Luego es fundamental que la principal tarea política que los españoles debemos acometer para salir de la situación miserable en la que nos encontramos sea la de reformar la ley política que permite cuanto he intentado explicar de la forma más sencilla posible. Es decir, la Constitución de 1978. Y reformarla sujetándonos a una sola máxima: que se cuente desde el primer momento del proceso de reforma o revisión con los ciudadanos, de forma que seamos nosotros los que debatamos y decidamos a qué reglas de juego deseamos someternos. Islandia es un buen ejemplo de cómo debe realizarse un proceso constituyente.
Para esta ingente tarea debemos unirnos todos los españoles, sin importar la adscripción ideológica, el origen cultural o la ubicación geográfica. Todos juntos podremos exigir al poder que comience el proceso de reforma. Todos unidos demostraremos nuestra fuerza, nuestro poder constituyente. Con este fin, Tercera Urna pretende convocar una gran consulta ciudadana el próximo 6 de diciembre de 2012, en principio online pero quizá también de manera presencial, con la que plasmar la fortaleza de la unión y el poder del argumento que poseemos.
Confiamos en que la blogosfera nos ayude a difundir el plan, sin la sociedad del conocimiento esta idea sería inconcebible. Pero también debemos contar con los grandes medios de comunicación social. El hecho de que no hayan festejado el acontecimiento implica hasta qué punto comienzan a ser conscientes de la necesidad de cambio. Por eso hoy “no news are good news”. Es nuestro deber cambiar la tendencia para poder decir el año que viene “news are good news”